Europa ha elaborado un borrador que aborda el marco de emisiones climáticas. Los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo para la creación de un estándar de bono verde europeo. Hablamos con Ricardo Ágreda, ESG research manager dentro del equipo de Taxonomía de Sustainalytics Corporate Solutions.

En los entornos de mercado de capitales ya existe un estándar con el que muchos emisores ya funcionan, el estándar privado. Sin embargo, ahora han creado este bono verde europeo, que lleva en producción desde 2018.

"Los emisores de bonos puede acogerse de manera voluntaria", explica Ágreda. "Debe haber mucha claridad en la naturaleza de los proyectos verdes que se pretenden financiar".

Tiene tres cuestiones diferenciales: la emisión de bonos verdes está vinculada a la taxonomía de la Unión Europea. Además, no será suficiente la actividad que se va a realizar con este bono, sino que la empresa en su conjunto tiene que ir en línea con la transición sostenible.

La tercera afecta a las empresas que se encargan de revisar de manera externa estos instrumentos de deuda, que deberán enfrentarse a conceptos como el "conflicto de interés" y formar parte de un registro aprobado.

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¿Qué novedades introduce el nuevo estándar de bonos verdes europeos?

Ricardo Ágreda, miembro del equipo en Taxonomía verde de Sustainalytics, explica en Mercado Abierto las diferencias y las ventajas del estándar de bono verde europeo frente al estándar privado que ya existía

¿Un emisor podrá emitir los bonos en ambos estándares?

Ambas opciones son posibles. Lo más ventajoso de los bonos verdes europeos es que "si un emisor quiere que su instrumento de deuda esté perfectamente alineado con la taxonomía, podrá decirle a los inversores que lo pueden alinear con su artículo 9", explica el experto.

El nuevo instrumento está aún en las primeras fases de desarrollo, "tenemos que ver qué acogida tiene o cómo los emisores lo aceptan frente al estándar que ha imperado hasta ahora", apunta Ágreda.

La previsión es que esté en marcha dentro de unos 12 meses a partir de la aprobación.