El Consejo de Ministros aprobará el viernes un Real Decreto para regular el autoconsumo en España, una medida propuesta por el departamento de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Este decreto tiene dos vertientes. Una de ellas regula las instalaciones sin excedentes y la otra con excedentes. En el caso de las instalaciones sin excedentes, no se limitará la potencia instalada, y no va ser necesario un permiso de conexión y acceso. Además, tampoco habrá peajes de impuestos por la energía autoconsumida, ni tampoco por las baterías, solo habrá que pagar los peajes como consumidor a la hora de conectarse a la red.

En el segundo caso, el de las instalaciones con excedentes, tampoco habrá limitador de potencia, no será necesario un permiso de acceso y conexión para plantas con una potencia menor a 15 kw. Los usuarios se podrán registrar de forma gratuita y virtual. En las comunidades autónomas habrá registros regionales.

Con este Real Decreto habrá que pagar la energía vertida a la red como energía producida en el mercado mediante un sistema de compensación simplificada de excedentes. Con esto se quiere conseguir que los pequeños consumidores no tengan que convertirse en empresas para gestionar esa energía.

En cuanto a la distancia entre la instalación de producción y la de consumo, esta estará limitada a 500 metros. La conexión en instalaciones en baja tensión también será restringida, lo que excluiría a polígonos industriales y edificios públicos cercanos para hacer frente a la pobreza energética.

José Donoso, director general de Unef (Unión Española Fotovoltaica), prevé que este Real Decreto permita instalar de media en España alrededor de 400 MW anuales de autoconsumo y que esta cantidad vaya en aumento.

IMPUESTO AL SOL

El impuesto al sol o el peaje de respaldo fue un decreto aprobado el 9 el octubre de 2015 por el gobierno del PP. Consistía en pagar por la red eléctrica aunque no se haga uso de ella, en conceptos de costes y servicios del sistema. Esta tasa se crea para anular la deuda del Gobierno con los productores de energía solar, que excedía las previsiones y ponía en una difícil posición económica a las instituciones.

Este impuesto debía ser abonado por aquellos consumidores que tuvieran instalado en su vivienda o inmueble un sistema de producción fotovoltaica. Las personas que pudieran autoabastecerse al 100 % con su propia energía no tenían que pagar este impuesto.

Esta ley fue derogada por el gobierno de Pedro Sánchez el 5 de octubre de 2018. Según el Gobierno, esta ley dificultaba y desincentivaba el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y de autoconsumo eléctrico en España.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que con esta medida se buscaba paliar "el retraso de España en esta materia".