La caída de valor de mercado de Meta, la matriz de Facebook, podría tener una ventaja para el gigante tecnológico: la posibilidad de eludir la nueva legislación antimonopolio que está preparando la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La compañía propiedad de Mark Zuckerberg cerró el martes, por primera vez desde mayo de 2020, con una capitalización inferior a los 600.000 millones de dólares tras un recorte del 2,1% en la sesión.

La capitalización de mercado sobre los 600.000 millones de dólares es el umbral que los legisladores estadounidenses han escogido como el límite para no aplicar el nuevo proyecto de ley de competencia diseñado para limitar el poder "absoluto" de las grandes tecnológicas del país, sometidas a un fuerte escrutinio en los últimos meses.

Si bien el recorte en Meta podría ser puntual, de mantenerse en el tiempo podría valerle a la firma para evitar los obstáculos adicionales que los proyectos de ley instalarían sobre cómo puede hacer negocios, mientras que sus pares más grandes como Amazon , Alphabet , Apple e incluso Microsoft sí que quedarían sujetos a las nuevas reglas.

En cualquier caso, de momento todo está en una frase embrionaria y para que el texto tome forma podría pasar "bastante tiempo" para que cualquiera de los proyectos de ley se convierta en una ley en vigor.

El lenguaje de la norma aún podría modificarse, e incluso, los proyectos de ley se podría continuar aplicando aplicándose a las plataformas después de que caigan por debajo del umbral de capitalización de mercado.

De hecho, a todo esto, un proyecto de ley del Senado que pasó recientemente por el Comité Judicial de la Cámara Alta considera colocar el umbral en los 550.000 millones de dólares.

¿Qué dice el texto?

La versión de la Cámara Baja de este proyecto de ley dice que cuando los reguladores federales designan a una plataforma como una empresa "cubierta" por la ley debe tener una cifra de ventas anuales netas o una capitalización de mercado de 600.0000 millones de dólares en ese momento o durante los dos años anteriores a la designación.

La versión del Senado asegura que la aplicación se debe basar en el “promedio simple del precio de cierre por acción de las acciones emitidas 180 días antes de la apertura de la investigación".