Se abre un nuevo frente en la guerra por la salida a Bolsa de Bankia: el de los inversores institucionales. Hasta ahora la justicia había desestimado las demandas de todo aquel gran inversor que hubiera acudido a la OPS y que hubiera reclamado lo perdido por considerar que sabían más que un minorista. Pero ahora el TJUE ha cambiado el guión de la película: los grandes inversores sí pueden reclamar.
¿Cuántos inversores podrían demandar a Bankia, ahora integrada en Caixabank? ¿Cómo podría Caixabank plantear su defensa? Te lo contamos en este podcast de Expediente Abierto.
Hay mucho dinero en juego en el tramo institucional que acudió a la salida a bolsa de Bankia. Concretamente, 1.200 millones de euros. Ese fue el dinero que invirtieron hasta 247 inversores institucionales en la operación, según datos del despacho Zunzunegui Abogados.
Entre los que más dinero invirtieron en esta OPS están compañías como Mapfre, que invirtió más de 200 millones, o la propia Caixabank, que puso otros 100 millones. Pero no demandaron. Hasta ahora solo unas pocas, como Iberdrola -que había invertido 12 millones de euros- habían acudido a los tribunales. Y perdieron.
Hasta ahora la justicia le había dado la razón a Bankia. Los jueces se basaban en la sentencia del Tribunal Supremo de 2016 que aseguraba que la información engañosa del folleto solo servía para las reclamaciones de los minoristas. Asumían que los institucionales contaban con más conocimientos e información que los pequeños inversores.
Fernando Zunzunegui, socio fundador de Zunzunegui Abogados, explica que "el tribunal europeo dice que el folleto también fue el medio para informarse de los inversores institucionales y pueden ejercitar responsabilidad e intención de daños y perjuicios en caso de falsedades u omisiones en el folleto revocando la jurisprudencia del Tribunal Supremo".
Con esta nueva sentencia, la situación de los institucionales da un vuelco. De hecho, el experto revela que en su despacho ya cuentan con "un grupo importante de inversores institucionales que va a presentar demandas". Cabe destacar que, según el experto, "hoy comienza el plazo de tres años de prescripción y se puede reclamar a Caixabank por omisiones y falsedades en el folleto".
Todavía no se sabe si Iberdrola decidirá volver a los tribunales a pesar de haber perdido el juicio en la última ocasión o si Mapfre, que invirtió más de 200 millones, cambiará de opinión y decidirá ahora pedir una indemnización a Bankia.
Lo que sí espera Fernando Zunzunegui es que muchos de los 247 inversores institucionales que acudieron a la oferta ganen la causa si acuden a los tribunales. "Entendemos que la mayor parte de los 247 inversores institucionales van a ver la posibilidad de ser reembolsados por la salida de Bankia con un folleto falso", añade.
Sin embargo, el experto advierte de que cada caso es único y la acusación debe estar bien preparada para afrontar la defensa de Caixabank, que ahora integra a Bankia y que podría tener una baza.
La sentencia del Tribunal de la UE ha dejado la puerta abierta a que los jueces consideren si los inversores institucionales pudieron gozar de algún tipo de información adicional a la que venía en el folleto. Para Zunzunegui, esto podría considerarse probado si el inversor en cuestión tenía una relación con Bankia por la cual pudiera "conocer sus operaciones financieras".
¿La mitad de los inversores institucionales conocían la situación de Bankia?
El experto añade que Caixabank podría presentar como prueba algo mucho más sutil: la venta de acciones de Bankia a los pocos días de la salida a Bolsa. Zunzunegui se refiere a aquellos inversores "que en los días siguientes [a la OPS] procedieron a vender las acciones porque sabían de la situación próxima a la insolvencia de Bankia"
Lo curioso es que en 2016 tras la sentencia del Tribunal Supremo, Bankia ya había calculado cuántos inversores institucionales habían vendido acciones en los 30 días posteriores a la salida a Bolsa.
Fue el propio José Ignacio Goirigolzarri, entonces presidente de Bankia, el que lo desveló. El 1 de febrero de 2016 el ejecutivo aseguró al mercado que un 50% de los inversores institucionales que acudieron a la salida a bolsa del 20 de julio de 2011 habían vendido sus acciones en los 30 días siguientes.
