Con esta resolución, el Estado desiste de continuar con la defensa de la legalidad de la prórroga ante los tribunales y suplica a la Audiencia Nacional que, tras los trámites oportunos, dicte sentencia de conformidad en los términos solicitados por los demandantes, es decir, que se anule la prórroga concedida a Ence.
La decisión, comunicada a la Audiencia Nacional por la Abogacía del Estado, afecta a los tres procedimientos judiciales que actualmente se siguen contra esta prórroga, presentados por el Ayuntamiento de Pontevedra y dos ONG ambientales, Greenpeace y Asociación por la Defensa de la Ría de Pontevedra.
Todos los recursos reclaman que los tribunales declaren la nulidad de la resolución emitida el 20 de enero de 2016 por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que otorgó a Ence la prórroga para mantener su actividad en Galicia.
La Abogacía del Estado recuerda que la legislación vigente limita las concesiones en terreno marítimo-terrestres, como los que ocupa Ence en la ciudad gallega, por un período máximo de 75 años, contados desde el momento en que se otorgó la primera concesión.
La pastera, en este caso, cuenta con autorización para ocupar unos 373.000 metros cuadrados de costa desde 1958 y, por tanto, el máximo de permanencia debería limitarse a 2033 y nunca prorrogarse hasta 2073, por lo que la resolución ministerial "no sería conforme a derecho".
