Tras cuatro años de gobierno, Alexis Tsipras ha caído en unas elecciones anticipadas que ha ganado el opositor Kyriakos Mitsotakis con su partido conservador Nueva Democracia. Esta formación consiguió ayer el 39,8% de los votos frente al 31,5% de Syriza.

Estos cuatro años con Syriza en el gobierno han dado mucho de qué hablar por los cambios de reformas que llevaron a cabo tras ganar las elecciones. Ya en junio de 2015 Alexis Tsipras reconocía que las propuestas enviadas al eurogrupo tras las elecciones no eran las mismas que las prometidas en campaña.

Al inicio de esta, Syriza prometía medidas en materia de política económica o exterior, entre las cuales planteaba una conferencia de deuda europea, la introducción de una cláusula de crecimiento para la devolución de capital pendiente y una moratoria que permitiera a Grecia coger aire para compensar pérdidas. Además, Tsipras dejaba claro que no quería la salida del euro ni una ruptura total con el programa de rescate, sino una revisión de condiciones a corto y medio plazo.

El partido de izquierdas prometía un plan de reconstrucción que incluía electricidad gratuita para 300.000 hogares, ayudas a la alimentación, vivienda, asistencia médica y transporte para desempleado. Prometían, también, suspender embargos en caso de residencias valoradas por debajo de los 300.000 euros y crear 300.000 puestos de trabajo tanto público como privado.

Y en relación al ámbito internacional, Syriza hacía campaña contra el BCE, la Comisión Europea y el FMI y defendía una política de inmigración europea común.

Sin embargo, tras su primer año de gestión, Alexis Tsipras había aplicado medidas totalmente diferentes y las defendía mientras la gente protestaba contra los recortes que implicaban estas.

Para empezar, llevó a cabo una reforma del sistema de pensiones y del impuesto sobre el valor añadido (IVA). El Ejecutivo de Alexis Tsipras se comprometió a ahorrar del sistema de pensiones entre un 0,25% y un 0,5% del PIB durante 2015 y un 1% a partir de 2016.

En cuanto a estas pensiones, Tsipras implantó bajadas de las pensiones suplementarias. Para los autónomos y agricultores, el gobierno preparó un régimen impositivo y un sistema de cotizaciones a la seguridad social idéntico al de los asalariados.

En el 2017, Grecia ya aplicaba el décimotercer recorte en siete años desde que se aprobó en mayo del 2010 el primer plan de rescate a Grecia. Para entonces se aplicaba un nuevo sistema de cálculo que formaba parte de la reforma de pensiones que aprobó el Parlamento en mayo del 2016 en el marco del tercer plan de rescate financiero del país.

Otra medida fue que el gobierno elevó el IVA de la restauración y el catering del 13% anterior hasta el 23% y redujo la tarifa mínima del 6,5% al 6% para medicamentos, libros y teatro. Además, se fijó un IVA del 13% para alimentos básicos, hoteles, energía y agua, y del 23% para el resto de bienes y servicios.

En las islas del mar Egeo se eliminó un descuento del 30% que tenían sobre el IVA en octubre de 2015 en las islas más ricas y con mayor afluencia de turistas.

El plan también incluía una subida del 26% al 28% del impuesto empresarial, un aumento en el impuesto a las compañías navieras y un impuesto sobre los anuncios en televisión.

Otra medida de Atenas fue acelerar el programa de privatización, que incluía la creación de un fondo orientado a gestionar los ahorros generados por estas medidas, con el objetivo de reducir la deuda soberana. Este fondo se creó tan solo dos semanas después de la privatización de la gestión de catorce aeropuertos, una operación pactada con la empresa alemana Fraport por un valor de 1.200 millones de euros. Este programa de privatizaciones incluía, también, la venta de minas y plantas de carbón.

Y por último, en lo que se refiere al gasto en Defensa, el Gobierno de Tsipras lo recortó en 300 millones a finales de 2016, una cantidad que sin embargo sigue siendo inferior a lo que pedían los acreedores internacionales.

También hay que decir que Tsipras sí ha cumplido varias de sus promesas electorales a expensas de la opinión de sus acreedores. Aprobó una ley con medidas para paliar la crisis humanitaria y subsidiar alimentos, hogar y electricidad a las familias más pobres. Recontrató a unos 6.000 funcionarios públicos cuyo despido había sido considerado como inconstitucional, entre ellos los de la reabierta televisión pública (ERT). Y también introdujo un plan para que empresas e individuos pudiesen pagar sus deudas al Estado en 100 tramos.