Aunque los socialistas han confirmado que será un ministerio para el PSOE, que seguirá bajo las órdenes de Teresa Ribera, desde Unidas Podemos lo quieren y van a luchar por hacerse con el control del Ministerio para la Transición Ecológica.

José Manuel Moreno, sobre transición ecológica

José Manuel Moreno es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC)

En los presupuestos fallidos para 2019, el Gobierno preveía destinar 5.250 millones de euros al Ministerio para la Transición Ecológica, un departamento creado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que aglutina las políticas ambientales y energéticas.

La Oficina de Cambio Climático aumentó un 49% su presupuesto con respecto 2018 para dedicarlo a la lucha contra el cambio climático y la transición justa. En cambio la Secretaría de Medio Ambiente perdía un 7% en el presupuesto de sus programas de actuaciones ambientales (un 57,7% si comparamos con 2009) al pasar la política forestal y de desarrollo rural a depender del Ministerio de Agricultura.

Cuando se presentaron estas cuentas, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicó que la transición energética movilizará oportunidades de inversiones por más de 200.000 millones de euros en la próxima década. En aquel momento, Ribera defendió que España es "un país idóneo" para invertir de manera sostenible y que resulta atractivo para las inversiones en energía.

José Manuel Moreno, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC), explica que gran parte de la inversión la tienen que hacer los actores privados, las empresas.

Cumplir con Europa

España, como el resto de los países de la Unión Europea, debe cumplir con los compromisos establecidos en el Acuerdo de París. Se organizan en dos periodos, hasta 2030 y hasta 2050.

Entre las tareas del Ministerio para la Transición Ecológica, está la elaboración de la legislación estatal en materia de aguas y costas, medio ambiente, meteorología y climatología;

También debe coordinar aquellas competencias que correspondan a las comunidades autónomas y las restantes Administraciones públicas y favorecer la cooperación.

Otro asunto que cae bajo su competencia es el desarrollo de la política energética y minera nacional, con el fin de asegurar el abastecimiento energético y el cumplimiento de la transición ecológica.

Para implementar las medidas y competencias relacionadas con las instituciones de la Unión Europea o con organismos internacionales, se tiene que coordinar con otros ministerios, como el de Asuntos Exteriores o el de Economía y Empresa.

Otra tarea importante que tiene por delante este ministerio es asegurar que la transición no deja a nadie atrás, “no se puede dejar abandonados a los que ahora viven del carbón o del petróleo”, afirma Moreno.

No es un asunto ideológico

A pesar de que está siendo motivo de fuertes tensiones políticas, el cambio climático y la adopción de las medidas necesarias para evitarlo no depende la ideología. En este sentido, Juan Manuel Moreno recuerda que es algo que nos afecta a todos, no solo a nivel energético, también en el ámbito del consumo.

No se puede seguir utilizando materiales que no se reciclan como si fueran infinitos, porque los recursos de la Tierra tienen un límite.

En definitiva, la transición ecológica va de cambiar radicalmente nuestro modo de vida, de arriba a abajo. Pero son muchas piezas las que tienen que encajar: descarbonización, movilidad, empresas, hábitos de consumo, etc.

El que dirija este ministerio, tendrá la ardua tarea de coordinar ese puzle, de conseguir atraer las inversiones a nuestro país y tratar de perjudicar lo menos posible a las empresas y a aquellos que todavía viven del carbón o el petróleo, sin provocar el desencanto de los electores.

El mundo cada vez está más concienciado de que hacen falta cambios drásticos para reducir la temperatura del planeta. En diciembre, Madrid acogerá la Cumbre del Clima, cuyo nombre oficial es COP25. Costará 60 millones y atraerá otros 100 a la capital, según pronósticos del Gobierno.