El Gobierno ha aprobado la creación de un ingreso mínimo vital que beneficiará a 850.000 hogares vulnerables. Si bien los expertos apoyan esta iniciativa, arrojan muchos cuestionamientos sobre la aplicación y las condiciones de esta prestación. El problema principal, aseguran, es que es permanente en el tiempo.

"El problema es que es permanente en el tiempo sin corregir las disfuncionalidades que ya existen en nuestro mercado laboral", señala Santiago Carbó, Catedrático de Economía de CUNEF.

El economista considera que estas ayudas son necesarias en un contexto de crisis, pero cree que debe haber un debate más profundo sobre los problemas del trabajo en España. "Si mantenemos el ingreso mínimo 5 años puede ser una distorsión más del mercado laboral", añade.

Otra de las preocupaciones responde al control de esta medida. Es decir, cómo saber que las personas han cambiado su situación económica y laboral. "No tenemos una larga historia de métodos de control ni de evaluaciones de políticas públicas y en este tema, poner muchos controles ya veremos qué supone", concluye.

"El problema es que es permanente en el tiempo"

"Una medida que era necesaria"

Josep Lladós, profesor de Economía en la Universidad Oberta de Cataluña, considera que es una medida conveniente en el contexto actual. "Extendemos el estado de bienestar, minimizamos los riesgos sociales. Las experiencias no nos dicen que la gente opta sencillamente por dejar de buscar trabajo", manifiesta. De todos modos, señala que aún falta ver "la letra pequeña" de este proyecto en el BOE.

El experto señala que para pagar esta prestación el estado debería reordenar el gasto público. "Lo que nos define como sociedad es cómo invertimos en sanidad, educación, ciencia y tecnología. Esa es la reflexión que tenemos que hacer", señala.

"Una medida que era necesaria"

"Hay que reordenar el gasto público y eliminar el gasto político"

En esta línea opina Emilio González, profesor de Economía de la Universidad de Comillas ICADE. "Hay estimaciones que dicen que pueden llegar a los 10.000 millones. Se podrían pagar haciendo una reordenación del gasto público y eliminar gasto político", comenta.

Además, el economista se ha referido a la intención de Unidas Podemos de aumentar los impuestos a las rentas altas. "El objetivo de Podemos es más bien político de enfrentamiento contra los ricos en lugar de planteamiento serio de política presupuestaria y fiscal", concluye.

"Hay que reordenar el gasto público y eliminar el gasto político"